El miércoles 6 de mayo se estrenó en la ciudad de Ayacucho (Huamanga) el documental “LUCANAMARCA” en el Centro Cultural de la Universidad San Cristóbal de Huamanga.
Carlos Cárdenas, uno de los directores de este trabajo visual estuvo presente, junto a algunos protagonistas de los hechos que aborda la película. El comentario estuvo a cargo del antropólogo José Coronel Aguirre, ex coordinador de la sede regional sur central de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
En un contexto en el que recobra vigencia el tema de la memoria colectiva y la necesidad de procesar socialmente los conflictos originados durante los años de violencia, el estreno de “LUCANAMARCA” revistió particular importancia como visión de los problemas latentes derivados de ese periodo.
Pocas veces en la ciudad de Ayacucho, se produjo una masiva concurrencia para este tipo de actividad. Los residentes lucanamarquinos, profesionales, estudiantes y población en general tuvieron la oportunidad de ver el documental para poder formarse una idea de lo que aconteció en abril de 1983 en la comunidad de Santiago de Lucanamarca, (provincia de Huanca Sancos, departamento de Ayacucho), que terminó con la muerte de 69 campesinos entre hombres, mujeres y niños a manos de Sendero Luminoso, en los años del conflicto armado interno que percibió el país, particularmente Ayacucho (1980-2000).
CONFLICTOS SOCIALES EN AYACUCHO
Según el abogado Jorge Fernández Mavila, responsable regional de la Defensoría del Pueblo Ayacucho, los conflictos sociales reportados por esta institución, hasta el mes de abril del presente año, ha registrado un total de 250 conflictos sociales activos a nivel nacional, de los cuales 196 son conflictos sociales activos y 54 son latentes.
A nivel de Huamanga, se registraron los siguientes casos: el de la asociación de carniceros que demanda la ampliación de funcionamiento del camal municipal clausurado por SENASA, el conflicto de los trabajadores municipales con el alcalde provincial que se encuentra en el Poder Judicial; el conflicto que existe con la población de Carmen Alto y los transportistas de servicio público, el conflicto de la Empresa Minera Catalina Huanca con los comuneros de Uyuccasa. Situaciones estas que siguen siendo latentes; mientras la solución real sigue en compás de espera.
EL CASO DE LA EMPRESA MINERA CATALINA HUANCA
A raíz de un proyecto de represamiento de la laguna Taccata en la provincia de Victor Fajardo planteado por la minera Catalina Huanca y las constantes denuncias de contaminación en los ríos aledaños por parte de los pobladores, ha cobrado importancia la preocupación por el manejo social del agua y el urgente establecimiento de consensos entre la empresa y las autoridades regionales, locales y comunales.
Este proyecto – a decir de los entendidos- pone en juego el destino del recurso hídrico para los intereses de miles de comuneros y agricultores, no sólo de esta provincia sino de Lucanas y Sucre. A ello se suma el tema de contaminación de las aguas y el afán de la empresa por seguir expandiendo sus operaciones hacia otras zonas de la región.
Alrededor de la propuesta de represamiento, la comunidad de Umasi expresó su descontento con el fin de prevenir la utilización de esta fuente natural para actividades extractivas en lugar de utilizarla para la agricultura, asegurando que Catalina Huanca vierte relaves sin autorización al río Mishca. Sin embargo la empresa niega utilizar agua para sus operaciones extractivas.
Lo cierto es que estos hechos han producido el debilitamiento de las relaciones entre empresa y las comunidades. No obstante que algunos comuneros de Fajardo, deseen ser contratados como mano de obra no calificada en la construcción del dique.
Por otro lado, los pobladores de la comunidad de Umasi consideran que el apoyo al proyecto por parte del alcalde de Canaria, Raymundo Conde, responde a intereses personales. Se dice también que el proyecto tendría el aval del presidente regional de Ayacucho, Ernesto Molina, ya que lo declaró como competencia regional, cuando éste, de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), responde a una competencia nacional.
Las comunidades denuncian también la contaminación de las aguas de Fajardo por acción de la referida empresa minera. Esta información fue recogida por la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), que resolvió sancionar, en el 2008, con 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) a la cuestionada compañía
El ingeniero Enrique Moya Bendezú, analista regional, refiere que Ayacucho es una zona carente de lluvias, por la desglaciación de sus pocos nevados. Vaticina que el agua disminuirá en poco tiempo, ya que los ciclos hidrológicos y regímenes estacionales están siendo alterados por el cambio climático. Ante situación propone retener agua y prepararse para una emergencia líquida. Su planteamiento radica en utilizar racionalmente el agua para beneficio de todos. Implica que el campesino debe cambiar su sistema agrícola a cultivos de poco agua, añadiendo tecnología de riego, no necesariamente por aspersión sino por inmersión. A la vez todos debemos practicar la cultura de ahorro y uso racional del agua.
Carlos Franco Pacheco, Secretario Técnico de CONAGUA, manifiesta que las concesiones mineras de Catalina Huanca por encontrarse en el subsuelo y en situación de conflicto e indefinición de competencias, deberían ser consideradas como áreas protegidas por el gobierno regional de Ayacucho, para poder preservar el desarrollo agrícola. Además, la nueva Ley de Recursos Hídricos permite formar concejos de cuencas (espacios multisectoriales de acuerdos), para armonizar los usos del agua, de lo contrario pueden generarse situaciones de conflicto.
EL VRAE Y LOS DERECHOS HUMANOS
La presencia de los remanentes de Sendero Luminoso, en opinión de los analistas políticos, es una muestra que este grupo fue derrotado en el campo militar pero no en lo ideológico. El VRAE como el Huallaga, son los bolsones de su presencia armada de los últimos tiempos, aliándose luego al narcotráfico. No hubo una política sostenible de pacificación, la cual fue aprovechada por estos remanentes, para establecerse territorialmente en Vizcatán (provincia de Huanta).
Los ataques subversivos y emboscadas a la policía y miembros de las fuerzas armadas, es cuando recién se “evidencia” o tomado en cuenta por el Estado, luego vendrían los indicios de la alianza denominada como “narcoterrorista”. El accionar sedicioso, ha sido con el propósito de liberar rutas del narcotráfico; al parecer inteligencia de la policía y el ejército no pudo percibir el crecimiento y la capacidad operativa de estos grupos armados.
Cuando la clase política reaccionó y exigió al gobierno una actuación más contundente, se impulsó la “Operación Excelencia 777”, con objetivos militares, dejándose a un segundo plano el desarrollo socioeconómico del VRAE.
El gobierno ante el fracaso de esta operación y el llamado Plan VRAE, buscó-como ya es costumbre- los chivos expiatorios, iniciándose los ataques a las ONGS de derechos humanos, acusándolas de entorpecer las acciones militares, jueces y fiscales confabulados para liberar terroristas.
Los intentos para afirmar autoridad y revertir las condiciones en el VRAE, pasaron por la implementación de programas, planes y operaciones militares, dispuestas desde Lima, sin monitoreos, sin tomar en cuenta la participación de las autoridades y pobladores de la zona, para que sean los propios protagonistas de su desarrollo.
Al desarrollarse operativos militares, se producen atropellos y se vulneran derechos, con las consiguientes denuncias de actos de violación sexual, asesinatos, detenciones arbitrarias y desapariciones. La otra parte, se aprovecha de las necesidades económicas de la población, sometimiento al chantaje y el terror permanente.
Quienes están comprometidos en la defensa de los derechos humanos en la región de Ayacucho, espera una intervención más responsable y real del gobierno central e igualmente mayor decisión de las autoridades regionales y locales. El diálogo y concertación, son necesarios para sumar esfuerzos y poder enfrentar a quienes se mueven en los espacios de violencia.
El conflicto armado interno (1980-2000) ha ocasionado miles de muertes de peruanos y peruanas, tejido social resquebrajado, la desconfianza y el odio, son luego las secuelas que parecen haberse enraizado en la sociedad peruana. El VRAE debe estar incorporada en la agenda nacional y regional, de lo contrario seguirá conviviendo con los ayacuchanos el atraso, la marginación, la pobreza y la violencia.
Mario C Zenitagoya B.
Director Oficina Regional Ayacucho
Comisión de Derechos Humanos
COMISEDH
FUENTES:-Diario La Calle
-Diario Jornada
-Diario Correo
-Área Comunicación COMISEDH- Ayacucho
NOTA DE PRENSA
