martes, 11 de septiembre de 2007

INFORME MENSUAL FEBRERO 2007

INFORME MENSUAL DE SITUACIÓN NACIONAL
Y DERECHOS HUMANOS
Febrero 2007

1. Resumen mensual

Cuando creíamos que las levas militares eran cosa del pasado, volvimos a la realidad y nos dimos cuenta que están aún vigentes y vuelven a ocurrir en zonas andinas, allí donde siempre ocurrieron. En el mes de febrero ocurrieron como antaño, levas en las provincias altas del Cuzco. Unos 12 jóvenes fueron víctimas de reclutamiento forzado por parte del Ejército. Ésta como sabemos es una práctica ilegal en tanto han sido prohibidas en el país desde el año 2000.

COMISEDH lamenta que estos hechos sigan ocurriendo en el Perú, pese a tener una Ley sobre el Servicio Militar donde dispone que este debe ser voluntario y para jóvenes que hayan cumplido los 18 años. Felizmente, la inmediata movilización de los organismos de derechos humanos en la zona, la Defensoría del Pueblo y la prensa permitieron la ubicación de los jóvenes y su pronta liberación. Demandamos a las autoridades militares el cumplimiento de la Ley; el incumplimiento de ésta implica el delito de abuso de autoridad y de secuestro en tanto se priva de libertad a los jóvenes.

Un hecho vinculado al tema del servicio militar son las torturas ocurridas en un establecimiento militar en Iquitos. Según las informaciones recabadas por COMISEDH, tres soldados habrían sido objeto de torturas en dicho centro militar. Dos soldados habrían huido de dicho lugar y un tercer soldado estaría internado en el hospital local debido a las torturas sufridas. Un vocero del Ejército ha informado que el soldado denunciante del hecho, habría ‘fantaseado’ y tendría ‘problemas mentales’. Ante tal situación cabe preguntarnos, ¿Cómo es posible que un joven con alteraciones mentales ingrese a prestar servicio militar? ¿Es acaso que los jóvenes no son sometidos a rigurosos exámenes antes de ingresar al servicio? Causa suspicacia esta información, por lo que, demandamos una investigación exhausta al respecto.

Durante el mes de febrero se realizó la diligencia de reconstrucción de los hechos y la toma de declaraciones testimoniales en el Caso Frontón. La titular del Primer Juzgado Supraprovincial de Lima cumplió con las diligencias que el Fiscal Superior y la Sala Penal le habían encomendado, quedando por realizar los informes finales para ser remitidos una vez más a la Fiscal Superior encargada del caso (Dra. Carmen Luz Ibáñez) para que formule la acusación que corresponda. De ocurrir aquello, estaríamos próximos al inicio del juicio oral de uno de los casos más importantes que ocurrieron durante el primer gobierno del actual Presidente de la República. Hay que resaltar que hasta el fin de febrero no se había resuelto aún el pedido de los abogados de las víctimas, de comprender como denunciados a Alan García, Luís Giampietri y Agustín Mantilla (hecho que esta siendo resuelto en marzo).

En el contexto político, febrero fue un mes donde hubo investigaciones, nombramientos y más de una renuncia. Luego de desencadenarse una crisis política por el tema del proceso de licitación para la compra de 469 patrulleros para la Policía Nacional, finalmente se aceptó la renuncia de la Ministra Mazzetti.

La problemática generada por este proceso de licitación, motivó que se iniciara una investigación en el Congreso de la República y en el Ministerio Público, que renunciaran altos funcionarios del sector interior, entre ellos la Directora de la Oficina General de Administración –Gloria Vargas Núñez- considerada como persona de confianza de la ministra Mazzetti. Este delicado incidente motivó un anuncio de parte del gobierno para iniciar un proceso de renegociación con la empresa Gildemeister Perú, proceso que se dio a pesar de la defensa que hizo en su momento la ministra Mazzetti de la referida licitación.

El gobierno nombró en reemplazo de la Dra. Mazzetti al Dr. Luís Alva Castro, miembro de la cúpula del Partido Aprista Peruano, que fue anteriormente Ministro de Economía durante el primer gobierno de Alan García (1985-2000). Este nombramiento motivó preocupación en la opinión pública dado los antecedentes negativos de dirigentes apristas a cargo del sector. Baste recordar que cuando Agustín Mantilla fue viceministro y Ministro del Interior durante el primer gobierno de Alan García se creó un grupo parapolicial denominado Rodrigo Franco. Precisamente, Agustín Mantilla –implicado en casos de violaciones de derechos humanos- brindó declaraciones controversiales, saludando la designación de Alva Castro y ofreciendo sus servicios como asesor.

En el ámbito penitenciario, ante la renuncia de la Dra. Rosa Mavila León a la Presidencia del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), debido a una serie de graves incidentes en penales del país y al no sentirse respaldada por la titular del sector justicia, se nombró en su reemplazo al Coronel PNP (r) Benedicto Jiménez Baca, quien tenía como antecedente su rol en la Policía Nacional en la que logró la captura de los miembros de la cúpula de Sendero Luminoso, pero sin ninguna experiencia en la gestión penitenciaria.

Su nombramiento fue tema de discusión pero mucho más sus principales medidas anunciadas como la reapertura del penal de Challapalca ubicado en el altiplano del país, entre los departamentos de Puno y Tacna, a más de 4,600 m.s.n.m. Este anuncio fue criticado por la Defensoría del Pueblo así como de organizaciones de derechos humanos. Este penal fue dejado de usar desde el 2005 en respuesta al pronunciamiento de órganos del sistema interamericano y universal de derechos humanos, debido a las condiciones infrahumanas que ofrecía a los internos. Lamentablemente en la actualidad este sector se encuentra acéfalo pues Benedicto Jiménez, ante denuncias graves en su contra, renunció a 34 días después de su nombramiento.

En temas del post CVR, COMISEDH impulsó a fines de febrero, junto con Paz y Esperanza y DEMUS, la suscripción de una campaña a nivel nacional cuyo objetivo es informar a la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) y al Sistema Integral de Salud (SIS), sobre las dificultades administrativas que existen para las víctimas del conflicto armado interno en el acceso al SIS, en cumplimiento de la R.M. 591-2006/MINSA, COMISEDH y las organizaciones que se han sumado a la campaña, exigimos que la CMAN asuma su función de supervisar y garantizar el cumplimiento de los programas de reparación que forman parte del Plan Integral de Reparaciones (PIR) y disponga el otorgamiento de facilidades en el acceso de las víctimas a los beneficios del SIS.

Otro asunto a destacar en materia del PIR es la firma del convenio para la realización de la quinta etapa del Censo por la Paz, entre la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio de la Mujer y el Desarrollo Social (MIMDES). Este convenio permitirá la realización del censo en 4 mil 200 centros poblados, comunidades campesinas y comunidades nativas afectadas por la violencia. Creemos que es controversial que a pesar de las críticas sobre la ejecución de las anteriores etapas del censo, la PCM haya decidido desembolsar los fondos destinados a las reparaciones para esta etapa del censo. También es cuestionable que se ejecute esta quinta etapa del censo cuando se iniciará el registro para las reparaciones colectivas.

Finalmente hemos tomado conocimiento que recién en febrero de este año, luego de casi 3 meses de instalado el Consejo de Reparaciones, se llegó a un consenso sobre la persona que se encargará de la Secretaría Técnica, órgano de suma importancia para la implementación de las actividades de este consejo. La persona elegida es la economista y ex gerente de gestión de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) Marusia Ruiz Caro, quien viene trabajando desde mediados de mes sin que su nombramiento haya sido publicado hasta el momento en el diario oficial.

2. La información del mes en breve

2.1 Situación Política

- Anuncios presidenciales

El Presidente de la República Alan García, en su mensaje presidencial de balance de los primeros 6 meses de gobierno, anunció reformas y avances como el "shock de inversiones". Además hizo un llamado de atención a las nuevas autoridades del Poder Judicial para poner “mano dura” a los malos magistrados. Con anterioridad, el Presidente y representantes de los partidos políticos, se reunieron con el Consejo de Ministros donde señalaron coincidencias, como cambiar aspectos de la actual constitución, entre otros temas.

- Proyectos de ley
Sobre el tema de la contratación de peruanos que han participado como personal de seguridad en países en conflicto, la Comisión de Defensa del Congreso aprobó el proyecto de ley que impide esto, evitando así que cientos de peruanos desempleados en nuestro país arriesguen sus vidas. Asimismo, la congresista Nidia Vílchez presentó un proyecto de ley sobre el "aire limpio" cuya finalidad es garantizar la calidad de vida de los pobladores de las ciudades más contaminadas del país y buscar la fiscalización de empresas e individuos que por las actividades que realizan contaminan estas zonas.

- Reforma judicial
El Ministerio Publico se encuentra en crisis, pues debido a la falta de presupuesto no se crearán 109 fiscalías provinciales y superiores en todo el país en el presente año, lo cual perjudica a los pobladores y su acceso a la justicia.
Asimismo, la Dra. Elcira Vásquez, nueva jefa de la Oficina de Control de la Magistratura, de acuerdo a los dispositivos de orden interno, destituyó a 12 magistrados y un secretario judicial de la Corte Suprema de Lambayeque, acusados de participar en una fiesta con un empresario que afronta 11 procesos penales en Chiclayo.
Una terrible constatación fue el soborno del ex vocal supremo provisional Eduardo Palacios quien habría recibido dinero de un ex suboficial PNP para fallar a su favor en un proceso judicial. El fiscal supremo, Pablo Sánchez ha pedido 6 años de prisión para el ex vocal, pues existen suficientes elementos de su responsabilidad penal.

- Educación
Un recurso de amparo en el Juzgado Mixto de Moyobamba fue interpuesto por los profesores que no asistieron a la evaluación censal de comienzos de año, para minimizar los efectos del artículo 1º del Decreto Supremo 005-2007-ED que los deja fuera de la contratación para el 2007. Un juez de Moyabamba, falló a favor del grupo de maestros.
El Ministro de Educación, José Antonio Chang, ante la posible huelga de docentes, señaló estar elaborando un empadronamiento de maestros alternativos y sustitutos, que cubran las horas de clase. En esos días, Chang entregó al Congreso el proyecto de ley de carrera pública magisterial elaborado por el Ejecutivo. Además lanzó el Plan Piloto para la Municipalización de la Educación Inicial y Primaria a ejecutarse en 56 localidades del país. Finalmente, la Comisión Permanente del Congreso aprobó el proyecto de ley que declara la educación básica regular, como servicio público esencial que garantiza el pleno ejercicio del derecho fundamental de las personas a una educación permanente.

- Sistema penitenciario
Después de la renuncia de la directora del INPE, se nombró a Benedicto Jiménez [1], como jefe del Instituto Nacional Penitenciario. Luego de ello, el Consejo Nacional Penitenciario declaró en emergencia los penales de Lurigancho y el Callao por un período de 90 días, con el objetivo de superar el hacinamiento de estos centros en forma gradual, que permita una remodelación. En este proceso de cambios, el Ejecutivo oficializo la apertura del penal de Challapalca. Ante ello, Beatriz Merino, defensora del Pueblo, cuestionó el anuncio y recordó que ese establecimiento fue desalojado a pedido de la Corte IDH. Del mismo modo, Pablo Rojas, Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Nacional de DDHH, señaló que este tema sería planteado en las audiencias del 127º período de sesiones de la CIDH.

- Renuncia de la ministra Mazzetti
Luego de la denuncia periodística del programa “La ventana indiscreta”, sobre la compra sobrevaluada de camionetas para la policía, la Comisión de Fiscalización del Congreso, reveló serios indicios que indican que la compra estuvo dirigida a un sólo postor, la empresa Gildemeister. Debido a esto, el 14 de febrero, el premier Jorge del Castillo anunció que el Gobierno renegociaría el contrato. El presidente Alan García, demandó "mano dura" a la Ministra a fin de separar a los "malos, ineficientes e incapaces funcionarios", después de ese pedido, la ministra dispuso la separación de Gloria Vargas, directora general de la Oficina General de Administración, y de la directora de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares de ese portafolio, quienes participaron en la cuestionada licitación. Ante una posible salida del cargo, Pilar Mazzetti ratificó que no se retiraría del cargo. A pesar de ese anuncio, el 24 de febrero la Ministra puso su cargo a disposición, siendo aceptado el 26 de febrero por el Ejecutivo. Al día siguiente, Luís Alva Castro [2] juramentó como nuevo Ministro del Interior.

- Militares en investigación
El 14 de febrero, la Sala Penal Mixta del Callao condenó a 8 ex suboficiales de la Marina de Guerra por transportar hacia Canadá en el año 1996 un total de 143.62 kilos de cocaína en los buques "Ilo" y "Matarani".
El 23 de febrero, el Cuarto Juzgado Anticorrupción embargó de manera preventiva los bienes del ex jefe del Comando Conjunto de las FFAA, Nicolás Hermoza Ríos, para asegurar el desembolso de un eventual pago de reparación en el proceso que se le sigue por su presunta intervención en la compra irregular de equipos de comunicaciones para el Ejército, en 1995.

- El Caso de las firmas falsas
La jueza anticorrupción Carolina Lizárraga quien lleva el caso “Firmas falsas” del partido Perú Posible, consideró infundado el recurso de excepción presentado por Margarita Toledo, hermana del ex presidente Alejandro Toledo, para ser excluida del proceso. Días después se separó a la jueza anticorrupción Carolina Lizárraga del proceso penal. La salida de la jueza causó la paralización del juicio hasta el 27 de febrero, en tanto no hay juez que continúe las investigaciones y diligencias sobre este caso.

2.2 Temas de DDHH

- Tortura

Comisedh ha tomado conocimiento del caso del soldado Javier Pérez quien de acuerdo a información aparecida en la prensa, habría sido objeto de tortura por sus superiores en el Cuartel Militar de la Región Oriente de Iquitos, al negarse a robar una gallina y pan para el batallón. Ante tal hecho, nuestra institución pidió una explicación de parte del Ministro de Defensa, que aún no ha sido respondida y conjuntamente con una organización de derechos humanos de la zona continúa realizando investigaciones sobre el tema.

- Levas militares
El tema del servicio militar fue objeto de debate en este mes. La Vicaría de la Solidaridad de la Prelatura de Ayaviri?, denunció la leva forzada de una docena de jóvenes en la provincia de Espinar. La Defensoría del Pueblo del Cusco y su par de Arequipa, iniciaron una serie de visitas a las bases donde los jóvenes fueron reclutados forzadamente. El Ejército por su parte informó que dispuso la Inspectoría de la Región Militar del Sur que realizará las investigaciones pertinentes.

- Contra el racismo y la discriminación
El 22 de febrero, se presentó la primera denuncia por discriminación ante el Ministerio Público y fue el caso de la estudiante Vilma Palma, quien fue excluida por los profesores del Instituto Superior Tecnológico "Manuel Arévalo Cáceres", por su discapacidad motora y de lenguaje. Otro caso de igual gravedad, fue el del seminarista de la iglesia católica Edwin Ramírez Pichini, quien fuera expulsado por el obispo de Juli por tener una deformación en la columna (joroba), impidiendo su ordenamiento como sacerdote.

- 127º periodo de sesiones de la CIDH
La Comisión Interamericana de DDHH evaluará en audiencia el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y analizará la situación de los defensores de los DDHH en el Perú. Pablo Rojas, Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Nacional de DDHH y Francisco Soberón, Director de Aprodeh, asistirán a este evento.

- Acceso a la justicia
El 21 de febrero, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmó la sentencia de 10 años de prisión interpuesta por un tribunal de Trujillo al alcalde de Parcoy, La Libertad, Santos Quispe, por secuestro y tortura a un policía durante las protestas contra el consorcio minero Horizonte, en marzo de 2004. Asimismo, ratificó la misma condena al teniente alcalde de esa localidad, Renán García y al dirigente campesino Olmer Castillo.

3. Lucha antisubversiva

- Plan VRAE

Allan Wagner, Ministro de Defensa, anunció que el Gobierno destinará S/150 millones para el desarrollo del "Plan del Valle del Río Ene-Apurímac, una opción de paz, desarrollo y seguridad" y presentó al sociólogo Jorge Durand como el responsable político-civil de esa zona. Durand aseguró que el plan tendrá un mayor enfoque social con el objetivo de lograr un desarrollo integral de esta región del país.

- Remanentes de SL
Información de Inteligencia de la Policía reveló que remanentes de SL se habrían reactivado y reorganizado en la sierra de Huancabamba, Piura. Se reveló que uno de los cabecillas del Comité Regional del Norte de SL, Segundo Genovés, habría muerto.

4. Justicia Transicional: Post CVR

4.1 Judicialización

- Caso Chuschi

El Colegiado de Abogados de la Sala Penal Nacional para Casos de Terrorismo condenó a 14 años de prisión al teniente EP (r) Collins Collantes, considerado como responsable de la desaparición de 3 autoridades y un menor de edad en la localidad de Chuschi, Ayacucho. Mientras el policía Luis Juárez fue sentenciado a 6 años de cárcel, pero a ambos se les impuso una reparación civil solidaria ascendente a 140 mil nuevos soles.

- Caso Cantuta y Barrios Altos
La Primera Sala Penal Anticorrupción reinició el juicio oral contra los ex integrantes del Grupo Colina por el secuestro y ejecución de 9 estudiantes y 1 profesor de la Universidad La Cantuta, de igual manera se retomó el juicio oral contra Santiago Martín Rivas y los ex integrantes del Grupo Colina por el asesinato de 15 personas en Barrios Altos.

- Extradición de Fujimori
El abogado chileno contratado por el Estado peruano, Alfredo Etcheberry, entregó a la justicia chilena el informe final con las pruebas que refuerzan la solicitud de extradición de Alberto Fujimori. Ante ello, la Ministra de Justicia informó que el informe final contiene pruebas relacionadas a violaciones a los DDHH y corrupción como el fallo de la Corte Interamericana de DDHH, además del resultado del informe elaborado por la Clínica Jurídica de DDHH de la Universidad de Washington, en el que se señala que el ex mandatario tendría responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales del Grupo Colina al omitir medidas contra sus integrantes. En esos días, se supo que Alberto Fujimori cambió de domicilio, lo que llamó la atención del procurador ad hoc Carlos Briceño quien pidió a las autoridades chilenas redoblar la seguridad de Fujimori ante la tentativa de huir. Mientras tanto, los abogados encargados de la defensa de Alberto Fujimori en Chile junto al abogado peruano César Nakasaki entregaron al Poder Judicial chileno sus descargos finales para rechazar el pedido de extradición formulado por Perú al ex presidente.

- Caso Frontón
El presidente Alan García se presentó ante la jueza María León Yarango, titular del Primer Juzgado Supranacional de Lima, para rendir su declaración en calidad de testigo por la matanza en el penal El Frontón. En esta diligencia, respondió sobre si ordenó o no al entonces Ministro del Interior, Agustín Mantilla, sobre las acciones para sofocar el motín en el penal. Otro que fue llamado a declarar, fue Luis Giampetri, ex jefe de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Marina quien intervino en el motín de El Frontón. En su declaración negó que se hiciera ejecuciones extrajudiciales y que estuviera en el penal por órdenes de Alan García. Quien también fue llamado a declarar fue Agustín Mantilla para explicar su participación en el develamiento del motín en El Frontón. Mantilla, aseguró que en ese recinto no hubo ninguna matanza, sino un enfrentamiento y negó haber ordenado al vicealmirante AP (R) Luis Giampetri realizar la operación militar que provocó la muerte de los reclusos. Para esclarecer el caso, la titular del Primer Juzgado Supraprovincial, María León, dirigió la reconstrucción del develamiento del motín, donde fue acompañada por una comitiva de 85 personas, entre procesados, testigos.

- Caso Castro Castro
Luís Alberto Salgado, agente del Estado ante la Corte Interamericana de DDHH, pronunció que la primera quincena de marzo, el Perú tendrá una audiencia para sustentar su pedido de interpretación del fallo sobre la muerte de 41 presos en el penal. Tras ello, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulsa, comentó que el Perú tiene el derecho de pedir una aclaración a la Corte por el veredicto en el caso del penal Castro Castro. En controversia, el ex embajador Javier Pérez de Cuellar expresó su confianza en que la Corte IDH corrija su sentencia sobre la matanza del penal.

4.2 Reparaciones
El Alcalde de Vilcashuamán y el Alcalde de Accomarca, ambas localidades de Ayacucho, exigieron al Gobierno que cumpla con el pago de las reparaciones individuales y colectivas dispuestas en el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Por esos días, Jesús Aliaga, Coordinador de la Comisión de Alto Nivel para las Políticas de Paz, Reparación y Reconciliación, informó que un total de 440 comunidades en 10 de departamentos del país serán beneficiadas este año con el programa de reparaciones colectivas para las víctimas de la violencia y que se concentrará en los lugares más afectados. Entre tanto, familiares de 18 personas desaparecidas en Apurímac durante el conflicto armado interno, recibieron Constancias de Ausencia por Desaparición Forzada proporcionadas por la Defensoría del Pueblo en las que se reconoce su condición de víctimas.

FUENTES
Diarios y revistas: El Comercio, La República, Perú 21, Correo, La primera, Caretas. Radios: RPP, CPN Radio. Entes no estatales: Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

Lima, Febrero 2007
Comisión de Derechos Humanos - COMISEDH
Comunicaciones – prensa (Si necesita este material puede escribirnos a
comisedh@amauta.rcp.net.pe)

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