miércoles, 24 de octubre de 2007

INFORME MENSUAL ENERO 2007

INFORME MENSUAL DE SITUACIÓN NACIONAL
Y DERECHOS HUMANOS
Enero 2007


1. Resumen mensual

Luego de darse a conocer la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Castro Castro; este año se desarrolló un debate sobre los compromisos internacionales del Estado peruano en materia de ddhh. Lamentablemente, autoridades del gobierno contribuyeron a una tergiversación del contenido de la sentencia y sobre el rol de la Corte Interamericana Derechos Humanos, sin tomar en cuenta lo fundamental que es para garantizar el respeto de los derechos humanos en el Perú. Baste referir la anulación de las leyes de amnistía, que favorecía a implicados en violaciones de derechos humanos, que dispuso la Corte. Posteriormente, funcionarios gubernamentales señalaron que el Perú no se saldría del sistema interamericano de derechos humanos, pero solicitarían una aclaración de la sentencia por el caso Castro Castro, en lo referente a las reparaciones. Esperamos que efectivamente el gobierno no persista en sus acciones de cuestionamiento del sistema interamericano.

Otro hecho importante, es la discusión que se ha desatado en nuestro país en torno al tipo de victima que debe rendir homenaje un monumento como “El Ojo que llora”, ello en relación a la sentencia de la Corte IDH sobre el caso Castro Castro. Dicha polémica puso en evidencia un asunto que para el movimiento de derechos humanos resulta bastante grave y, es que para un sector mayoritario de nuestra sociedad le resulta difícil considerar que: (i) la vida de todo ser humano es valiosa incluso en un contexto tan complejo como un conflicto armado interno y (ii) que en un Estado de derecho no es posible justificar ni tolerar actos que vayan en contra de la integridad de las personas (sean éstas ejecuciones extrajudiciales en penales por parte de agentes del Estado, matanzas y asesinatos selectivos por parte de agrupaciones terroristas, actos de tortura, violaciones sexuales, entre otras graves violaciones a los derechos humanos). Un monumento como éste debe ayudarnos a recordar a todos los peruanos y peruanas que fueron víctimas de la violencia política, entendida en todas sus formas y desde diferentes ámbitos.

En este mes fue resaltante, la campaña liderada por el Presidente de la República a favor de la pena de muerte, pese a los serios cuestionamientos planteados por organismos nacionales e internacionales, en especial la severa crítica de la Comunidad Europea. El gobierno forzó el debate a un proyecto de ley que regulaba la implementación de la pena de muerte en casos de terrorismo. Al final, no pudieron obtener mayoría en el Congreso y el proyecto quedó archivado. Ante tal revés, surgieron voces desde el gobierno y la bancada aprista que proponían la realización de un referéndum para viabilizar la pena de muerte, distorsionando la figura del referéndum –que no es viable para la supresión o disminución de derechos fundamentales- y generando confusión en la población. Es lamentable que el Presidente García elegido democráticamente persista en una medida que no tiene ningún efecto disuasivo, sin lograr resolver el problema existente de seguridad ciudadana y es una clara violación de derechos humanos, que implicaría para nuestro país denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos llegando a poner en riesgo los acuerdos comerciales que se están impulsando con la Comunidad Andina y la Comunidad Europea.

Sobre la extradición del ex presidente Alberto Fujimori, abrigamos la esperanza que en el más corto plazo el ex mandatario -hoy domiciliado en Chile- y sea extraditado para que responda, ante los tribunales nacionales, por los crímenes que se le imputan, sobre todo por aquellos que implican violaciones a los derechos humanos. De la misma manera sostenemos, como lo venimos haciendo desde que en noviembre de 2004 se formulara la denuncia penal por los sucesos ocurridos en el Frontón que, Alan García, Luís Giampietri y Agustín Mantilla, deben ser investigados judicialmente pues existen suficientes elementos probatorios que demostrarían su responsabilidad penal.

Y sin duda, un momento de esperanza en la lucha por los ddhh fue el “Operativo empleada audaz” convocado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos el 28 de enero pasado, acción que logró levantar un tema que se acepta pero sobre el cual se prefiere no hablar como es la discriminación y el racismo, que en nuestro país está vinculado a la exclusión. La CVR ya había señalado en su Informe Final, que éste era uno de los principales problemas a enfrentar en el futuro.

Finalmente, resulta saludable que el Presidente García, haya ofrecido públicas disculpas a los familiares (hijos y esposa) del campesino Bernabé Baldeón, a quien había llamado terrorista, haciendo alusión al cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana dictada por el caso.

2. La información del mes en breve

2.1 Política

- Educación
Tras el examen a los profesores (8 de enero), el presidente Alan García anunció que habría una segunda evaluación para los maestros a fin de año con la finalidad de verificar si hubo avances o retrocesos en su perfeccionamiento. Con anterioridad, el Sutep (sindicato de maestros) expresaba su negativa ante la evaluación aprobada por el Ministerio de Educación, adelantando que no participarían de la evaluación, llegado el día hubo desmanes y protestas en diferentes puntos del país. A pesar de ello, el Ministro de Educación, José Antonio Chang, comunicó que la evaluación fue un éxito pues el 86 por ciento de maestros asistieron a la prueba censal a nivel nacional, mientras que la asistencia en Lima fue de aproximadamente 95 por ciento.
Tras la evaluación, se llevaría acabo una capacitación con los docentes que sacaron mejor resultado en la prueba. Luego esto fue modificado, autoridades del sector condicionaron la capacitación únicamente a quienes acudieron a la evaluación censal. Esto impediría postular a una plaza o cargo docente a maestros no capacitados.

- Justicia: Reforma judicial
El 4 de enero, hubo cambios en la Corte Suprema de Justicia, el doctor Francisco Távara juramentó como presidente de la institución y en su discurso de apertura afirmó que su gestión se caracterizaría dar “batalla frontal a la corrupción”. Por ello, el 17 de enero, planteó dar facultades a la Oficina de Control de la Magistratura con el fin de levantar el secreto bancario y de comunicaciones de jueces investigados por actos de corrupción. Al día siguiente, la Sala Plena de la Corte Suprema resolvió la propuesta hecha por el presidente de la Corte Suprema de Justicia para levantar el secreto bancario, tributario y telefónico a jueces de primera instancia, vocales superiores cuando se les abra algún proceso disciplinario. Ello se decretó dentro de un paquete de medidas entre las que también se incluye el control de las medidas cautelares y la publicación de las sentencias de la Corte Suprema en su página web, entre otras.

- Poder Ejecutivo
El 12 de enero, el presidente Alan García ofreció disculpas a los familiares de Bernabé Baldeón, campesino torturado y muerto por efectivos militares en 1990, luego de haberlo llamado "terrorista". La víspera, el mandatario declaró a los medios de prensa que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “ha ordenado el pago de 500 mil dólares a los familiares de un terrorista”, continuando así con la satanización de los fallos del organismo supranacional.

El 30 de enero, Jorge del Castillo opinó qué, constitucionalmente, el ex presidente Toledo no es culpable de que su gobierno se allanara ante la Corte IDH por las denuncias sobre el caso Castro Castro. "Las responsabilidades radican en los ministros que han firmado la norma”, explicó. En ese sentido, opinó a favor de que sea archivado el pedido de acusación constitucional, porque “el gobierno no quiere dar síntomas de una persecución política”.

- Congreso
El 9 de enero, Mauricio Mulder, secretario general del Partido Aprista Peruano, anunció que su bancada denunciará constitucionalmente al ex presidente Alejandro Toledo y al ex Ministro de Justicia, Alejandro Tudela, si se les comprueba responsabilidad en el allanamiento del Estado a la Corte Interamericana de DDHH en el caso de la matanza de senderistas en el penal Castro Castro, en 1992.

El 12 de enero, un total de 69 legisladores de diversas bancadas suscribieron una declaración conjunta por el cual se comprometen a impulsar una serie de medidas destinadas a contribuir con la debida atención de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Los parlamentarios asumen el compromiso de abordar de inmediato las propuestas de la CVR en materia de derecho a la identidad, el desarrollo de programas integrales de atención a la salud mental para las víctimas de la violencia, y las reformas pertinentes al currículo educativo.

El 17 de enero, Javier Velásquez, Presidente de la Célula Parlamentaria Aprista, afirmó que el ex presidente Alejandro Toledo podría ser inhabilitado para ejercer la función pública por varios años, si el Congreso decide sancionarlo por el allanamiento a la sentencia de la Corte sobre el caso Castro Castro.

Ese mismo día, Juvenal Ordóñez, vocero de la bancada parlamentaria del Partido Nacionalista, anunció que su grupo propone que el próximo año se cierre el Congreso con el fin de convocar una Asamblea Constituyente. Expresaron que el líder de esa agrupación, Ollanta Humala, está a favor de la propuesta. Enseguida el presidente Alan García rechazó la propuesta de este partido y enfatizó que una medida de esa naturaleza "desordenaría" el país.

El 18 de enero, el Congreso aprobó un proyecto planteado por el Ejecutivo para dictar medidas de lucha contra actos discriminatorios y disponer que los mismos sean sancionados conforme el Código Penal. La propuesta señala que la discriminación también será castigada por la vía administrativa.

Asimismo, Raúl Castro, Presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, indicó que el ex presidente Alejandro Toledo no cometió infracción constitucional al aprobar que el Perú se allane a la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH sobre la ejecución de senderistas en el penal Miguel Castro Castro y remarcó que la acusación procedería si el ex mandatario hubiera dejado en indefensión al Estado.

El 22 de enero, el congresista Luís Giampetri presentó 2 propuestas que buscan que los oficiales pasen a la situación de retiro por la causal de renovación y perciban las pensiones u otros beneficios conforme a las disposiciones legales, Además, que el criterio que utilice para determinar la antigüedad de los oficiales de las FFAA, sea el esfuerzo y dedicación del oficial.

EL 29 de enero, el congresista Luís Giampetri pidió devolver a la Caja de Pensiones Militar Policial los recursos que fueran sustraídos durante el régimen fujimorista.

- Justicia: Sistema carcelario
El 28 de enero, se desató un tiroteo en el penal Castro Castro, el que dejó a una persona muerta y otras cinco heridas. Alrededor de las 9:00 p.m. ocurrió un enfrentamiento entre los internos de los pabellones 4-B y 1-B de ese recinto. Según informó el Ministerio de Justicia (MINJUS), la balacera habría empezado por obtener el liderazgo entre la población penal, siendo los cabecillas el interno Cazal y el occiso Walter Ávila Saavedra.

El 31 de enero, la presidenta del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Rosa Mavila León, renuncia sorpresivamente mientras el sistema carcelario nacional afronta una de sus más graves crisis. Esto se lleva a cabo cuando se hacía una reforma penitenciaria en la que se tenía previsto la construcción de seis penales para el país, así como el reforzamiento de la seguridad en muchos de ellos.

- Defensa: Militares en investigación
El 17 de enero, César Reinoso, ex comandante general del Ejército, no acudió al despacho del fiscal anticorrupción Jorge Chávez, quien lo citó para interrogarlo sobre la supuesta adquisición de comida y de pertrechos militares en mal estado destinados a las patrullas que combaten el terrorismo.

2.2 Temas de DDHH

- Pena de muerte
El 5 de enero, Aurelio Pastor, Presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, afirmó que es posible incorporar al Código Penal la pena de muerte para casos de terrorismo agravado, tal como lo propone el Ejecutivo.

El 9 de enero, José García Belaúnde, Ministro de RREE, advirtió que una eventual aplicación de la pena de muerte provocaría protestas y pronunciamientos no sólo de organismos de ddhh, sino incluso de algunas naciones, pero desestimó que el Perú sea objeto de alguna condena internacional.

El 11 de enero, tras el archivamiento del proyecto de ley que planteaba la pena de muerte para los casos de terrorismo, el presidente Alan García sugirió la realización de un referéndum para que la población decida o no si se introduce la sanción.

El 16 de enero, la Célula Parlamentaria Aprista respaldó la propuesta del presidente Alan García para realizar un referéndum para modificar la Constitución con la finalidad de aplicar la pena de muerte para los violadores de niños que provoquen su muerte y afirmaron que la propuesta es constitucional y que no violará la Convención Americana de DDHH.

El 19 de enero, Jorge Del Castillo, Presidente del Consejo de Ministros, negó que hubiera posibles censuras en el interior del Ejecutivo y descartó que el Presidente de la Republica haya prohibido a sus ministros que opinen sobre su propuesta de pena de muerte para terroristas y violadores de menores.

El 21 de enero, el Presidente de la República, Alan García se reunió en Palacio de Gobierno con un grupo de manifestantes, entre ellos una comisión integrada por cinco miembros de la Asociación de Familiares de Víctimas del Terrorismo (Afavit), que marcharon el 19 de enero por las calles de Lima a favor de la pena de muerte. El 26 de enero, en la Plaza Mayor, personas marcharon contra la pena de muerte en respuesta a los hechos anteriores.

- Acceso a la justicia
El 24 de enero, se halló culpable a un chofer que agredió físicamente a dos policías de transito. El Cuarto Juzgado Penal del Cono Norte sentenció a Luís Alberto Chumbiray Perry (chofer) por delito contra la administración pública, por violencia, resistencia a la autoridad, con subsecuente agresión física y daños materiales, en agravio de los Suboficiales de la PNP Judit Retamozo Quevero y Flavio Alberto Hidalgo Aguirre. La pena que se le impuso fue de un año suspendido y el pago de una reparación civil de 250 soles a favor de cada uno de los agraviados, explicó el abogado y miembro de Comisedh, Gustavo Campos que ante la minúscula reparación fijada a los afectados apeló la sentencia.

- Contra el racismo y la discriminación
El 28 de enero, alrededor de 700 personas llegaron a la Playa Asia para protestar contra la discriminación que sufren las empleadas del hogar que laboran en residencias de ese lugar, en el marco del "Operativo Empleada Audaz", organizado por la Coordinadora Nacional de DDHH y Amnistía Internacional. La movilización congregó a activistas de DDHH, amas de casa, estudiantes, congresistas, artistas y trabajadoras del hogar.

- Informe anual de Human Rights Watch
El 12 de enero, Human Rights Watch presentó su informe anual 2007 y destacó que en el Perú si bien las autoridades han logrado algunos avances en el enjuiciamiento de los autores de abusos cometidos durante el conflicto armado interno, la mayoría de responsables continúa evadiendo a la justicia. En el caso peruano afirmó que las investigaciones de masacres y desapariciones por parte de Fuerzas Armadas han sido retrasadas por falta de cooperación e insuficiente financiamiento, y también asegura que continúan ocurriendo casos de tortura y brutalidad policíaca. "Las víctimas y los testigos en casos de tortura son vulnerables a la intimidación y la represalia. Los periodistas que informan sobre la corrupción en ciudades de las provincias del Perú enfrentan acoso y ataques físicos, aparentemente instigados por autoridades locales", mencionan en el informe.

- Extradición de Fujimori
El 5 de enero, la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema de Chile suspendió la audiencia en la que debía decidir si reabría o no el sumario en el juicio de extradición contra el ex presidente Fujimori. Fuentes del tribunal explicaron que esta vez la suspensión se debió a "falta de tiempo".

El 12 de enero, la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema de Chile declaró cerrado el proceso de investigación sobre el caso de extradición de Alberto Fujimori y consideró que al existir un contrato privado entre el Estado peruano y la empresa Kroll no se podía incluir el informe preparado por la compañía sobre las cuentas bancarias del ex mandatario en el expediente.

- Caso: Penal Miguel Castro Castro
El 3 de enero, José García Belaúnde, Ministro de Relaciones Exteriores, anunció que la propuesta del representante del Perú ante la OEA, Ántero Flores Aráoz, de embargar las reparaciones que la Corte Interamericana de DDHH que ordena pagar a los deudos de los senderistas ejecutados en el penal Miguel Castro Castro, en 1992, será evaluada por el Consejo de Ministros.

El 4 de enero, Jorge Del Castillo, Presidente del Consejo de Ministros, consideró "inaceptable" el fallo de la Corte Interamericana de DDHH que ordena entregar reparaciones a los deudos de los senderistas ejecutados en el penal Miguel Castro Castro, en 1992, y anunció que el Gobierno responderá con la ley y los tratados internacionales a este fallo.

El 5 de enero, José García Belaúnde, Ministro de RREE, consideró como "un error" la decisión del gobierno de Alejandro Toledo de allanarse parcialmente al fallo de la Corte Interamericana de DDHH que pide reparar a los senderistas ejecutados en el penal Miguel Castro Castro, pero sostuvo que el Ejecutivo tiene pendiente la evaluación de la sentencia para determinar eventuales responsabilidades y las medidas que se tomarán a corto plazo. Asimismo, subrayó que es un error pedir el retiro del Perú del tribunal.

El 5 de enero, el Ministro de la Producción, Rafael Rey reiteró que el Perú debería retirarse de la Corte IDH, en la parte contenciosa para casos de terrorismo, como lo han hecho otros países que ratificaron los acuerdos.

El 8 de enero, Jorge Del Castillo, Presidente del Consejo de Ministros, descartó que la estrategia del Gobierno para enfrentar la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH en el caso Castro Castro, pase por el retiro de la competencia contenciosa del tribunal y planteó la necesidad de presentar un recurso de interpretación ante la Corte para que se precisen los alcances de la reparación simbólica exigida para los subversivos asesinados mediante un acto público.

El 12 de enero, María Zavala, Ministra de Justicia, aclaró que son 478 y no 1208 los casos ventilados en la Corte Interamericana de DDHH contra el Estado peruano y explicó que "333 casos están en trámite, 122 están inactivo, 23 actualmente en curso y sólo uno pendiente". Además expresó que el Gobierno interpondría una demande interpretación ante el tribunal supranacional para proponer la nulidad de la sentencia emitida por este fuero sobre el caso de las ejecuciones extrajudiciales de senderistas en el penal Miguel Castro Castro.

El 16 de enero, Manuel Rodríguez, ex Ministro de RREE, advirtió que el Gobierno va camino hacia una "fujimorización" e insinuó que estaría tendiendo una "cortina de humo" a la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH sobre las ejecuciones de senderistas en el penal Miguel Castro.

- Caso Frontón
El 17 de enero, la Sala Penal Nacional citó al presidente Alan García, al vicepresidente Luís Giampetri y al ex Ministro del Interior, Agustín Mantilla, como testigos, en el proceso sobre el caso El Frontón. La decisión fue tomada a pedido de la fiscal Luz Ibáñez y de acuerdo al ordenamiento legal, los funcionarios tienen la facultad de poder elegir el lugar donde podrán cumplir las diligencias.

El 25 de enero, la jueza supraprovincial María León programó para el próximo 9 de febrero la declaración testimonial del presidente Alan García por el caso El Frontón, al haberse ampliado el proceso seguido contra 9 miembros de la Marina por la muerte de más de 100 internos durante un motín ocurrido en 1986. La magistrada interrogará al mandatario para que precise qué funciones tenía el entonces ministro del Interior, Agustín Mantilla, y qué órdenes le impartió para el develamiento del motín.

El 26 de enero, la jueza María León Yarango dispuso que el día 16 de febrero se realice, en la isla San Lorenzo, la reconstrucción del operativo El Frontón (1986) que dejó más de un centenar de reclusos muertos. A esta diligencia serán citados, Agustín Mantilla y Luís Giampietri, para que expliquen in situ cuáles fueron las órdenes que impartieron en su calidad de viceministro y jefe de operaciones, respectivamente.

3. Terrorismo, estado de emergencia y acción antisubversiva

- Caso Machente

El 3 de enero, se difundió la información que ocho campesinos fueron sindicados como terroristas y sospechosos del asesinato de 5 policías y 3 civiles muertos en la localidad de Machente, Ayacucho ocurrido el día sábado 16 de diciembre, serán investigados en Ayacucho por disposición de la jueza supranacional Miluska Cano, quien argumentó que el caso está fuera de la competencia de Lima.

El 4 de enero, los ocho campesinos acusados de participar en una emboscada senderista que dejó 8 muertos, en la localidad de Machente, Ayacucho, fueron recluidos en el penal de máxima seguridad de Yanamilla.

El 5 de enero, Godofredo Medina, titular del Juzgado Especializado en Derecho Constitucional de Ayacucho declaró "improcedente" el hábeas corpus presentado por la defensa de los 8 campesinos acusados de ser responsables de la emboscada en Machente, Ayacucho. El magistrado explicó que tomó esta decisión debido a que el Juzgado Mixto de Ayna-San Francisco ya abrió instrucción contra los comuneros con mandato de detención, por lo que el recurso resultaba tardío.

El 5 de enero, el diario La República refiere que la detención de los comuneros es "un enorme error policial y judicial" que no debiera prolongarse por más tiempo.

El 9 de enero, Darío Vera, presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Ayacucho, informó que al día siguiente su gremio realizará un paro de 24 horas para exigir la liberación de los 8 campesinos acusados de la muerte de 5 policías y 3 civiles en la zona de Machente.

El 12 de enero, Beatriz Merino, defensora del Pueblo, reveló que los 8 campesinos detenidos por presuntamente haber participado en la emboscada senderista en la zona de Machente, decidieron ponerse en huelga de hambre como medida para demandar su libertad.

13 de enero, luego de 24 días de prisión, fueron liberados los 8 campesinos de la comunidad de Chaca, Ayacucho, acusados por el Gobierno de haber sido los autores del atentado senderistas en Machente. La liberación se consiguió gracias a la acción de hábeas corpus que presentó la Defensoría del Pueblo a través del defensor adjunto en ddhh.

- Acción antisubersiva

El 12 de enero, en el cruce de la carretera central Huancavelica – Corbiza fue emboscado el suboficial Einer Cahuasa Bravo, tras una balacera con narcoterroristas donde recibió 9 balazos y falleció. Al parecer fue en venganza haber realizado semanas antes varias incautaciones de droga.

- Estado de emergencia

El 19 de enero, el Ejecutivo prorrogó por 60 días el estado de emergencia en 5 provincias y 2 distritos de las regiones Ayacucho, Huancavelica, Cusco y Junín, debido a la presencia de remanentes de Sendero Luminoso.

El 22 de enero, Allan Wagner, ministro de Defensa, sostuvo que está en su última etapa la elaboración del proyecto de ley que definirá las reglas con la que deben operar los miembros de las FFAA en zonas de emergencia, para evitar eventuales acusaciones de violaciones a los ddhh.

4. Justicia Transicional: Post CVR

- Judicialización

El 18 de enero, los familiares de las víctimas del caso La Cantuta presentaron al Consejo Supremo de Justicia Militar una solicitud de nulidad de los juicios realizados en este fueron por el caso y en el que fueron librados de toda responsabilidad Vladimiro Montesinos y el ex comandante general de las FFAA, Nicolás Hermoza.

El 17 de enero, Karim Ninaquispe, abogada de los familiares de las víctimas de la matanza en la comunidad ayacuchana de Accomarca, en 1985, anunció que demandará al Estado por los obstáculos presentados hasta el momento en el proceso de extradición del principal implicado Telmo Hurtado. Asimismo, indicó que la demanda será presentada ante la Comisión Interamericana de DDHH.

El 19 de enero, la Primera Sala Anticorrupción, a cargo del juicio al Grupo Colina por el caso La Cantuta, ordenó conducir de grado o fuerza para la próxima audiencia al general EP Luís Pérez Documet, quien ya había sido citado en calidad de testigo, hasta en 2 oportunidades, y no asistió.

El 26 de enero, según una investigación en el programa periodístico, La Ventana Indiscreta, demuestra que hasta 1986, durante el primer gobierno de García, en la base militar Los Cabitos (Ayacucho), se ejecutó extrajudicialmente a cientos de detenidos y sus restos fueron cremados en un horno especialmente construido el año anterior. Esta versión corresponde a un suboficial de la época, quien asegura haber participado en la cremación de decenas de cadáveres con el propósito de destruir las pruebas que comprometían al comando militar de la zona. El testigo ya declaró ante la fiscal de Ayacucho Cristina Olazábal quien, después de esta diligencia y del hallazgo de los restos del horno, fue removida de su cargo.

- Exhumaciones
El 31 de enero, los restos de los nueve estudiantes y de un profesor de La Cantuta fueron exhumados con el propósito de hallar nuevas evidencias sobre los detalles de su secuestro y posterior asesinato. La diligencia se llevó a cabo en la mañana y estuvo a cargo del Equipo Peruano de Antropología Forense. Gloria Cano (Aprodeh) dijo que con esta exhumación "se podrían establecer algunas identidades, y de no hallarse los restos de las otras víctimas, quedarían en calidad de desaparecidos".

- Memoria y reconciliación: “El Ojo que llora”
El 5 de enero, Enrique Ocrospoma, Alcalde de Jesús María, aclaró que el monumento "El Ojo que Llora" no es un monumento para rendir homenaje a subversivos y señaló que su construcción se hizo con "la intención de homenajear a los deudos y caídos por la violencia política, por actos terroristas".

El 5 de enero, el diario Perú 21, realiza un reportaje sobre la polémica de ‘El Ojo que llora’, ellos enuncian: “El 'ojo que llora' no es un monumento a los terroristas, como equivocadamente aseguran algunos, sino un homenaje a todas las víctimas de la violencia que sacudió y ensangrentó el país desde 1980 hasta el año 2000, sin distinción de ninguna clase. Salomón Lerner, calificó como "una idea absurda y una aberración" la propuesta para demoler”.

El 17 de enero, Enrique Ocrospoma, alcalde de Jesús María, informó que mediante un acuerdo con sus regidores se decidió no realizar en su jurisdicción -en adelante- ningún acto que pueda ser interpretado como un homenaje a subversivos y demandó a la Presidencia del Consejo de Ministros el inmediato retiro de los nombres de los senderistas abatidos en el penal Miguel Castro Castro, en 1992, del monumento "El Ojo que Llora". Asimismo, indicó que solicitará que los S/200 mil entregados a su comuna por la Presidencia del Consejo de Ministros para la construcción de la alameda y el quipu de la memoria, se destinen a la edificación de juegos para niños, en los parques del distrito.

FUENTES
Diarios y revistas: El Comercio, La República, Perú 21, Correo, Expreso, Caretas.
Radios: RPP, CPN Radio.
Entes no estatales: Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

Lima, ENERO 2007
Comisión de Derechos Humanos - COMISEDH
Comunicaciones y prensa (Si necesita este material puede escribirnos a ladymorales@amauta.rcp.net.pe)

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