viernes, 30 de noviembre de 2007

INFORME MENSUAL DE MARZO 2007

INFORME MENSUAL DE SITUACIÓN NACIONAL
Y DERECHOS HUMANOS
Marzo 2007

1. Resumen mensual

La Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH), como parte de sus acciones de acompañamiento y asesoramiento a las víctimas del conflicto armado interno, ha tramitado la inscripción en el Seguro Integral de Salud a víctimas de casos emblemáticos como los de Lucanamarca y Llusita. En medio de este largo proceso, COMISEDH se ha encontrado con una enorme barrera de injusticias y privaciones, pues las Oficinas del Seguro Integral de Salud descentralizadas (Ayacucho) se niegan a registrar a las víctimas del conflicto armado interno que no estén incluidas en la base de datos que fue remitida desde el Sistema Integral de Salud (SIS) Lima.

Dichas oficinas descentralizadas alegan que sólo pueden inscribir a las víctimas que estén incluidas en la lista de afectados que manejan. Señalan que la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) debe enviar una lista de afectados que incluya a las personas que se desean registrar.

Por tal motivo, en coordinación con otras organizaciones de derechos humanos (Paz y Esperanza, DEMUS), COMISEDH inició una campaña a nivel nacional con el objetivo de suscribir una carta dirigida a (CMAN) y al Sistema Integral de Salud (SIS), exponiendo los problemas que tienen las víctimas para acceder al SIS y exigiendo se brinde las facilidades necesarias para que puedan inscribirse. La campaña fue un éxito, más de 20 organizaciones nacionales y personalidades del ámbito de los derechos humanos suscribieron la carta, entre ellos, Salmón Lerner, Julissa Mantilla, CNDDHH, PQNSR, Amnistía Internacional, CAPS, Manuela Ramos, SER, CENIA, entre otros.

Motivados por celebrarse el Día de la mujer, se realizó una movilización cuyo objetivo fue celebrar el día y exigir políticas públicas efectivas para las mujeres. La movilización se inició en el Parque La Muralla, hasta llegar a la puerta del Poder Judicial, en donde se exclamaron lemas exigiendo el respeto de los derechos de la mujer. Fue una movilización donde participaron diversas organizaciones de mujeres, entre, feministas, madres organizadas en comedores populares o vaso de leche, mujeres con VIH y mujeres lesbianas. COMISEDH estuvo presente y participó con el lema “Justicia y reparación para las mujeres víctimas de violación sexual durante el conflicto armado interno”, exigiendo que el proceso de reparación y judicialización a las mujeres víctimas sea ágil y efectivo. Cabe resaltar, que COMISEDH contó con la participación de la Sra. Feliciana Quispe, quien fue víctima de violación sexual en su natal Llusita –Ayacucho.

Otro hecho resaltante, en materia de derechos humanos ha sido la segunda movilización nominada “Empleada audaz ataca de nuevo”, organizada por la Mesa contra el racismo de la CNDDHH, con la colaboración de organizaciones como Amnistía Internacional, Asociación Redes- La Casa de Panchita, entre otras. El objetivo fue difundir en diversos puntos de Lima y mediante stickers, el contenido de la Ley que sanciona con pena privativa de libertad de 12 a 18 años a los empleadores que violan a sus trabajadoras del hogar.

En marzo en el marco del caso La Cantuta, las magistradas del Sistema Anticorrupción, Inés Villa Bonilla, Inés Tello de Ñeco y Hilda Piedra Rojas
[1]citaron como testigo al primer vicepresidente y congresista, Luís Giampietri, quien al no asistir a la citación judicial, dejo solo una posibilidad a las funcionarias, ordenar que sea conducido de grado o fuerza a explicar los hechos.

Ante esto, el congresista denunció que este mandato es un abuso en su contra y hará valer su inmunidad parlamentaria para no asistir a declarar. Lanzada su denuncia, lo apoyaron sectores que pregonada la impunidad y quienes desde hace tiempo pretenden afectar a estas valientes magistrados, pretendiendo evitar que se esclarezcan los casos de violaciones de DDHH. Inclusive el congresista aprista, Javier Valle Riestra, propuso que el Congreso denuncie por abuso de autoridad y prevaricato a las tres honorables magistradas del Sistema Anticorrupción.

El tema, fue debatido en el pleno del Congreso, aprobándose ahí una moción en la que expresa "su más enérgica protesta" contra la Judicatura por citar "de grado o fuerza" al vicepresidente primero y también congresista, Luís Giampietri, como testigo en un caso de delitos de lesa humanidad. Además, se decidió comunicar al presidente del Poder Judicial, Francisco Távara, que cuando se cite a prestar declaración a los parlamentarios y otros altos dignatarios a un proceso judicial se tenga presente el contenido de sendos artículos de la Constitución de Perú y del Código de Procedimientos Penales.

Por otro lado, siguiendo los escándalos en torno a licitaciones efectuadas por el Ejecutivo, a las licitaciones de patrulleros -que finalmente motivó la salida de la Ministra Pilar Mazzetti- se sumó en esta ocasión irregularidades en la licitación de ambulancias en el Ministerio de Salud, situación que puso en entredicho la continuidad en el cargo del titular del sector. Ya a fines del año pasado se había puesto en cuestionamiento el tema de licitaciones en el sector vivienda. Esto revela las deficiencias existentes en el Ejecutivo para poder realizar licitaciones transparentes y que sean beneficiosas para el país.

Mientras tanto, la crisis en el sistema penitenciario ha originado que en estos primeros meses del año se hayan tenido hasta cuatro presidentes en el INPE -incluyendo un encargado-. Esto es una situación alarmante y que muestra que no hay una clara política penitenciaria por parte del gobierno. Si la situación de inestabilidad continúa y el gobierno no adopta una voluntad política de implementar medidas que respondan a una estrategia de corto, mediano y largo plazo puede desencadenarse serios problemas al interior de los penales, los que según informes de la Defensoría del Pueblo tienen una sobrepoblación de un 75% lo que constituye un verdadero polvorín, siendo la expresión máxima de esta extrema situación el penal de Lurigancho, que tiene una capacidad de albergue para 1,800 internos y que ya rebasó los 9,000.

[1] Ellas se encargan del juzgamiento de dos casos de violación a los derechos humanos emblemáticos, La Cantuta y Barrios Altos.
- Caso Cabitos
Gloria Cano, abogada de Aprodeh, denunció la desaparición de instalaciones eléctricas que en su momento se encontró en el cementerio clandestino del cuartel militar Los Cabitos, Ayacucho, donde se enterró a cerca de 300 personas, que fueron desaparecidas, entre 1982 y 1985. Señaló que existen personas inescrupulosas que buscan distorsionar las investigaciones que el Poder Judicial realiza en dicha instalación militar.

- Caso Accomarca
Luego de ampliarse el proceso penal por la matanza de Accomarca (1985), en el que está implicado el Gral. José Williams Zapata, el Poder Judicial ordenó la exhumación de 50 cadáveres de campesinos que se encontrarían enterrados en una fosa común y que tendrían huellas de ejecuciones extrajudiciales.

- Extradición de Fujimori
Tras presentar últimos documentos para la extradición de Fujimori, la Ministra de Justicia, María Zavala declaró que la fiscal suprema de Chile, Mónica Maldonado debe emitir un dictamen pronto sobre la extradición de Alberto Fujimori. A pesar de este llamado, la fiscal del máximo tribunal chileno, dijo que aún no comienza a trabajar en el informe a remitir sobre si procede la extradición del prófugo, pues no recibe todavía toda la documentación del caso.

- Caso Frontón
El fiscal superior de Lima, Edgar Chirinos, archivó definitivamente la investigación al presidente Alan García al vicepresidente Luís Giampetri y al ex ministro del Interior, Agustín Mantilla, por la matanza del penal El Frontón, y dispuso que se denuncie ante el Poder Judicial a 24 oficiales de la Fuerza de Operaciones Especiales de la Marina que participaron en el develamiento del motín producido en el centro carcelario.

- Caso Castro Castro
Ante la interpelación del gobierno a la sentencia de la Corte sobre el caso Castro Castro, el Secretario Ejecutivo de la (CIDH), Santiago Cantón, aclaró que es imposible la reducción medidas establecidas en la sentencia, tal como fuera planteado por el embajador peruano ante la OEA, Ántero Flores-Aráoz. Pero, añadió que ésta es una inquietud importante que la CIDH tiene presente y para la cual buscará mecanismos adecuados. Luego de ello, se reveló en un programa televisivo que policías y militares declararon ante la Fiscalía que durante el motín en Castro Castro, los ex generales Federico Hurtado (PNP) y Abraham Malpartida (Unidad Estratégica de la PNP) estuvieron en contacto permanente Alberto Fujimori, quien sobrevolaba el lugar en un helicóptero.

- Caso Colina
El general EP (r) Luís Cubas Portal admitió que en 1991 puso a disposición del coronel EP (r) Fernando Rodríguez personal y armamento destinado a un comando especial denominado Grupo Colina. En juicio oral, Santiago Martín Rivas, líder del Grupo Colina, negó la existencia del "Operativo Cipango", donde se habría dado vida al escuadrón paramilitar, y rechazó haber redactado su plan de operaciones. Y, ante la Primera Sala Anticorrupción en la Base Naval del Callao, Rivas, aseguró que las denuncias en su contra se basan en "fabricación de testigos y culpables". Indignado, el general del Ejército en retiro Rodolfo Robles calificó de "sicario uniformado" al ex jefe del "Grupo Colina", a quien acusó de cometer delitos de lesa humanidad con la protección de Fujimori, Montesinos y Hermoza Ríos. Sorprendentemente, la ex legisladora Martha Chávez una de las protectoras de Alberto Fujimori y su ex gobierno se atrevió a decir sin tapujo, qué: “para mí es un militar veterano de luchas, a las que no han ido los valientes”, refiriéndose a Rivas.

FUENTES
Diarios y revistas: El Comercio, La República, Perú 21, Correo, La primera, Caretas. Radios: RPP, CPN Radio. Entes no estatales: Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

Lima, marzo 2007
Comisión de Derechos Humanos - COMISEDH
Comunicaciones – prensa (Si necesita este material puede escribirnos a
comisedh@amauta.rcp.net.pe)

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