viernes, 23 de noviembre de 2007

INFORME MENSUAL DE OCTUBRE 2007

INFORME MENSUAL DE SITUACIÓN NACIONAL
Y DERECHOS HUMANOS
Octubre 2007

1. Situación Política

- Mecanismo de Prevención de la tortura pendiente

El 14 de octubre, se cumplió un año de la entrada en vigencia del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de la ONU en el Perú. En ese periodo el Estado peruano se comprometió a designar un Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, con carácter autónomo e independiente respecto a los poderes del Estado. Las organizaciones que conforman el Grupo de Trabajo Contra la Tortura de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, esperan que los representantes del Poder Ejecutivo que están directamente involucrados en la creación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura constituyan pronto este mecanismo, en atención al compromiso asumido por el Estado peruano. Para lograr dicho objetivo el Grupo de Trabajo formuló una propuesta a las autoridades peruanas para que dicha designación recaiga en la Defensoria del Pueblo, desarrollando además la campaña “Firma por un Perú sin tortura”.

- Situación carcelaria
La muerte del interno Javier Arbulú Tarazona, quien falleció durante una sangrienta reyerta en el centro penitenciario Miguel Castro Castro, puso en el ojo de la tormenta el deficiente sistema penitenciario del país, el cual en enero de este año cobró la vida de otro interno del mismo penal. Las sangrientas reyertas entre internos del penal Miguel Castro Castro, obligaron al Instituto Nacional Penitenciario a trasladar temporalmente a 296 asaltantes y secuestradores al penal de Piedras Gordas, en Ancón.

Penal de Challapalca
En un pronunciamiento público, la Mesa Interinstitucional de Cárceles, que reúne a diversos organismos defensores de los derechos humanos, pidió al Gobierno retroceda en su intención de considerar esa prisión, como parte del sistema penitenciario peruano. “Exhortamos al Gobierno para que no traslade a ningún interno más a este penal y retroceda en su decisión; pues, un Estado democrático, promotor y defensor de los derechos humanos, no debe tener un penal como Challapalca que colisiona con el principio de humanidad de las penas y no reúne las condiciones que garanticen el respeto de la dignidad de las personas”, fue parte del pronunciamiento. Hay que recordar que en su momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó serias observaciones
[1] a las condiciones del penal.

- Seguro Integral de Salud (SIS)
La Comisión de Salud del Congreso aprobó el proyecto de ley que plantea beneficiar con el Seguro Integral de Salud (SIS) a las víctimas de violación sexual, así como a los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía y civiles que participaron en el conflicto con Ecuador.
Aunque, el Seguro Integral de Salud (SIS) fue creado en enero del 2002, con la finalidad de “proteger la salud de los peruanos que no cuentan con un seguro de salud, en especial de aquellos que viven en pobreza”, en los últimos meses salieron a la luz los malos manejos registrados en este Organismo Público Descentralizado, así se difundió que el ex jefe del Seguro Integral de Salud (SIS) Julio Espinoza realizó compras sobrevaluadas de raciones de alimentos para los damnificados del sur.
[1] La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe especial sobre la situación de los derechos humanos en la cárcel de Challapalca (año 2003), constató in situ las condiciones inhumanas para la reclusión y tratamiento de las personas privadas de su libertad, las dificultades existentes para la realización de visitas por parte de los familiares y las pésimas condiciones de trabajo que debe soportar el personal del INPE que debe desempeñar ahí sus funciones.

2. Justicia Transicional:

2.1 Judicialización:

- Fujimori Extraditado

En el proceso que se sigue a Alberto Fujimori por el allanamiento a la casa de Trinidad Becerra, ex esposa de Vladimiro Montesinos, se muestran claras evidencias que establecerían la responsabilidad del extraditado, los testimonios de los oficiales que participaron en el operativo y de los ayudantes del entonces mandatario, así como del comandante del Ejército que suplantó al fiscal confirmaron en diversas instancias que el propio Fujimori concibió y dirigió el irregular allanamiento. Sobre el interrogatorio, la defensa de Fujimori logró postergarlo al 11 de octubre, donde el vocal instructor Pedro Urbina Ganvini, el fiscal José Humberto Pereira Rivarola y su abogado César Nakasaki estuvieron presentes. En dicho interrogatorio, Alberto Fujimori admitió su responsabilidad en lo que corresponde en el proceso por el allanamiento de la vivienda de Trinidad Becerra. Su abogado, César Nakazaki, pidió que su defendido pudiera acogerse a la confesión sincera, lo cual le permitiría reducir al mínimo su pena si la sentencia final del caso es condenatoria. Semanas después, el extraditado se acogió a la confesión sincera ante el vocal instructor Pedro Urbina Ganvini en el proceso que se le sigue por usurpación de funciones por ordenar el allanamiento ilegal a la casa de Vladimiro Montesinos. Cuando se dicte la sentencia recién sabremos si acogen la confesión sincera de Fujimori, de aceptarla le pondrían una pena mínima, de rechazarla se tendrá presente la solicitud por el fiscal de 7 años de pena privativa de libertad.
Por otro lado, el fiscal supremo Avelino Guillén pidió a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema que el ex presidente Alberto Fujimori sea condenado a 8 años de pena privativa de libertad y la inhabilitación para ocupar cualquier cargo público por tres años y pagar dos millones de soles de reparación civil por disponer de manera irregular el pago de US$ 15 millones a su entonces asesor, Vladimiro Montesinos. Además, el juez anticorrupción Jorge Barreto inició los trámites de un nuevo cuadernillo a fin de pedir a la Corte Suprema de Chile la ampliación de extradición del ex presidente Alberto Fujimori por la muerte extrajudicial de emerretistas rendidos durante el rescate de rehenes de la embajada japonesa en 1997.

- Caso: La Cantuta
La jueza anticorrupción Antonia Saquicuray ordenó la detención del general EP Luis Pérez Documet, al abrirle proceso como autor intelectual de los asesinatos en el caso La Cantuta, ejecutados por el grupo Colina. Pérez Documet permanencia hasta ahora con libertad, por lo que dispuso que de inmediato la policía empiece su búsqueda y captura. En este caso también son procesados Montesinos y Hermoza Ríos.

2.2 Casos de Comisedh:

- Hugo Bustíos Saavedra

Luego de 19 años de espera, se hizo justicia. El comandante y jefe político militar de Huanta, Víctor La Vera Hernández, y el capitán Amador Vidal Sanbento, conocido como "Ojos de Gato", fueron condenados a 17 y 15 años de prisión, respectivamente, por el asesinato del periodista Hugo Bustíos. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su satisfacción por el fallo de la justicia peruana que condenó a dos ex militares acusados de ser los autores, intelectuales y materiales, del asesinato en 1988 del periodista de la revista Caretas, Hugo Bustíos Saavedra. COMISEDH, presentó un recurso de nulidad. El Dr. Gustavo Campos, abogado del caso señalo que, “esta sentencia es ejemplar, pues, es la primera en la que se sanciona a los responsables de la muerte de un hombre de prensa, además que se hace una correcta valoración de las pruebas e indicios”.

- Yuri Cancho
La Primera Sala Penal Superior de Ayacucho, presidida por el Dr. Mario Rojas Ruíz De Castilla, dictó sentencia contra el efectivo policial Sandro Luis Castro Medina, condenándolo a 4 años de pena privativa de libertad como autor de delito de tortura en agravio de Yuri Cancho Quispe, natural del pago de Calcabamba, del distrito de Chuschi de la Provincia de Cangallo-Ayacucho. Además ordenó el pago de una reparación civil de 3 mil soles a favor de la víctima. La Comisión de Derechos Humanos – COMISEDH, que asumió la defensa del agraviado también apeló el fallo, al respecto el Abogado del caso el Dr. Edison Villavicencio sostuvo que el monto de la reparación civil no corresponde al daño causado a la víctima.

2.2 Otros casos

- Caso: Eladio Mancilla

La Sala Penal Nacional absolvió a los tres militares presuntamente responsables de la desaparición forzada del profesor y dirigente ayacuchano, Eladio Mancilla, detenido por efectivos encapuchados, y llevado al cuartel "Los Cabitos" en junio de 1990.

- Caso: Chuschi
El Tribunal Constitucional declaró que la desaparición forzada de personas es un delito permanente y que mientras no se ubique el paradero de la víctima, ni se establezca su destino, se sigue cometiendo el delito por lo tanto, los culpables pueden ser juzgados bajo las normas vigentes actualmente en tanto persista la desaparición.

3. Post CVR

- Reparaciones

Una nueva propuesta lanzada por el representante del Perú ante la OEA, Ántero Flores Aráoz, motivó controversia. El ex presidente del Congreso propuso esta vez que se "mejore" el sistema interamericano, de manera que la Corte de San José pueda delegar al Poder Judicial de cada Estado la responsabilidad de fijar las indemnizaciones que se deben otorgar a las víctimas de delitos de lesa humanidad.
Por otro lado, la congresista del Partido Nacionalista, Juana Huancahuari, pidió ampliar a cien millones de soles el presupuesto del 2008 del Plan Integral de Reparaciones para las regiones afectadas por la violencia política.

- Desaparecidos
La Defensoría del Pueblo anunció que comenzará la entrega de 60 constancias de ausencia por desaparición forzada en favor de los familiares de las víctimas de la violencia política que vivió el Perú entre 1980 y el 2000. Además mencionó que de los 2,164 solicitudes recibidas, 1,253 están referidos a casos nuevos de desaparición forzada perpetrados durante los años de violencia política en el país. Esto confirma que, el universo de casos de desaparición forzada supera las 8,558 personas desaparecidas que reportó la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en su Lista Preliminar.

- Amenazas a defensores de ddhh
El activista en derechos humanos, Javier Jahncke Benavente, fue víctima una vez más de un email amenazador. El hostigante correo anónimo trasmitido el sábado 29 de septiembre, a las 11:53 del día, a la casilla electrónica del abogado, muestra que Javier Jahncke Benavente viene siendo objeto de un criminal operativo de seguimiento. Es responsabilidad de las autoridades brindar las garantías del caso a fin de garantizar su seguridad.

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