jueves, 8 de mayo de 2008


Miguel Huerta. Presidente de la Comisión de Derechos Humanos (Comisedh) afirma que desde que el presidente García inició su gestión ha dado muestras de un distanciamiento con políticas de derechos humanos.Ana Núñez.

Coincide. Miguel Huertas también ve rasgos autoritarios en el actual gobierno.
El oficialismo afirma que el informe de la Coordinadora de Derechos Humanos entregado a la ONU es una reacción hepática, y entonces le pregunto: ¿tiene algo que ver ese documento con lo ocurrido con Aprodeh y con la salida de las ONGs del Consejo Nacional de Derechos Humanos?


Rotundamente, no. Estaba previsto desde el año pasado que al Perú le toque en mayo el Examen Periódico Universal por parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El año pasado incluso la ONU invitó a las organizaciones de la sociedad civil a alcanzar información para que sea tomada en cuenta en esa evaluación. Este informe lo entregamos el mes pasado.Es solo una coincidencia...Ha sido una lamentable coincidencia que se haya presentado en este contexto. Ahora, nuestra pretensión no es que la ONU condene al Perú, sino que establezca recomendaciones para que el Estado peruano adopte medidas concretas a favor de los derechos humanos.Porque no se avanza en ese tema y no hay voluntad política...Desde un inicio advertimos nuestra preocupación por algunas medidas concretas que reflejaban claramente un distanciamiento de la política en derechos humanos. No olvidemos que apenas asumió su gestión, García impulsó el tema de la pena de muerte; luego se pronunció criticando la labor que en materia de judicialización tenían los organismos de derechos humanos. Pero además el Perú tiene pendiente una serie de compromisos internacionales, como suscribir la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada. Hay una insuficiente voluntad política en materia de derechos humanos.


¿Cree que hay gestos de autoritarismo, como dice Toledo?

Vemos algunas señales negativas que no se condicen con lo que se espera en democracia, como la intolerancia, que es una característica de los gobierno autoritarios. Eso nos llama la atención, como también algunas medidas que se dieron para criminalizar la protesta social; o que se haya denunciado como vinculadas a terrorismo a las personas que promovieron una serie de iniciativas sociales, como la consulta en Majaz. Entonces, sí encontramos algunos rasgos autoritarios, pero tampoco podemos dejar de mencionar que por otro lado vemos algunas medidas positivas, como en el tema de reparaciones colectivas.


¿Qué demuestran estos decretos que ustedes critican?

Que el gobierno no sabe enfrentar los conflictos sociales, que –entendemos– deben enfrentarse con el diálogo. Cuando se produce un conflicto se manda a la Policía para reprimir, como si estuviera en las manos de esta resolverlo. Otro tema de preocupación son las normas que posibilitan el recurrir a las Fuerzas Armadas en zonas no declaradas en emergencia. Esto es muy peligroso porque las FFAA están preparadas para combatir.


‘‘Sectores del oficialismo quieren desaparecer ONGs’’
¿A qué se debe este ensañamiento del gobierno con las ONGs de derechos humanos?
Creemos que se debe al impulso de los procesos de judicialización y al papel crítico que tenemos en lo que es la gestión pública. Y no hay que olvidar que organismos nuestros promovieron las investigaciones de violaciones de derechos humanos que ocurrieron durante el primer gobierno de García, entre ellas la del caso de los penales, en el que estuvieron implicados el presidente García y el primer vicepresidente.


¿Cree que se quiere desaparecer a las ONGs o minimizarlas?
Sí, sentimos que esa es la orientación de algunos sectores del gobierno, incluido el propio Presidente, que hacen declaraciones orientadas a cuestionar la labor de los organismos de derechos humanos y deslegitimarlos. Por eso llamamos la atención sobre este discurso autoritario.

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