jueves, 20 de agosto de 2009

Acerca del conflicto entre el Estado y los pueblos amazónicos del Perú
Pablo Rojas
Los pueblos amazónicos del Perú han sido objeto en el curso de la historia republicana de exclusión social, explotación, desatención y olvido estatal. En la selva peruana viven 65 de las 71 etnias del país agrupadas en 15 familias lingüísticas. La población indígena amazónica es de 332, 975 habitantes según el censo nacional de 2007. Estos nativos están organizados en 1,500 comunidades. Existen indígenas amazónicos en aislamiento, se estima que son entre 5,000 y 10,000 habitantes. La selva constituye el 61% del territorio nacional y alberga el 25% de las especies de plantas del planeta.

Las principales organizaciones de los pueblos amazónicos son la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), que se asienta en ocho (8) federaciones regionales de diferentes cuencas amazónicas y agrupa a 1350 comunidades; y, la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP) que representa a un número menor de comunidades y tiene cinco (5) federaciones.

El abandono, la desatención y las promesas incumplidas, han traído como consecuencia una profunda desconfianza de los nativos amazónicos hacia el Estado y sus representantes. Existe también, por parte del resto del país, un gran desconocimiento de sus culturas.

Sumidos en el olvido y la pobreza, estos pueblos han venido reclamando atención y apoyo estatal sin obtenerlos. La Amazonía peruana no cuenta con un plan integral de desarrollo hasta ahora, a pesar de algunos intentos que se hicieron en los gobiernos de los presidentes Paniagua y Toledo, pero que no fueron atendidos por el Congreso de la República.

Los decretos legislativos no consultados a los pueblos amazónicos

En octubre del año 2007 el presidente García publicó bajo el título de “El perro del hortelano” –un refrán español: perro que no come ni deja comer- unos escritos en que hizo referencia a los pueblos amazónicos como posesores de recursos que no aprovechaban pero que al mismo tiempo no dejaban que fuesen explotados por otros. En estos escritos el presidente se refirió a la necesidad de explotar el bosque y la tierra, y a desarrollar actividades de agricultura, minería y petroleras.

Posteriormente, a propósito de las negociaciones finales del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América, el Ejecutivo solicitó, en diciembre de 2007, facultades extraordinarias al Congreso para legislar sobre temas referentes a la implementación de este Tratado.

Sin embargo el Ejecutivo, excediendo las facultades que le otorgó el Congreso, aprobó, en junio de 2008, alrededor de 100 Decretos Legislativos, ocho (8) de los cuales afectaban directamente los derechos de los pueblos amazónicos, los que expresaron su protesta.

Estos decretos violaron el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa contenido en el artículo 6° del Convenio 169 de la OIT, tratado que ostenta rango constitucional en el Perú. Vulneraron también otros derechos como el derecho a la tierra y al territorio, a la identidad, al uso de los recursos naturales, a la libre determinación y al desarrollo.

Al violar el derecho a la consulta, el Congreso está en la obligación de derogar estos decretos. Si no lo hace, la tarea queda a cargo del Tribunal Constitucional a través de un proceso de inconstitucionalidad. Aquí son necesarias un conjunto de acciones de carácter especializado y político tanto para lograr estas derogatorias como para desarrollar propuestas para ser consultadas a los pueblos amazónicos y decidir qué leyes sustituyen a estos decretos. Es necesario también definir un mecanismo de consulta pues este no existe.

La protesta indígena, Bagua y la crisis política

La protesta indígena se expresó posteriormente a través de un paro logrando, en septiembre de 2008, la derogatoria de uno de los decretos cuestionados, el 1015 (sobre incentivos para la parcelación y disposición de las tierras comunales campesinas y nativas). Los indígenas amazónicos persistieron en sus demandas de manera pacífica, pero ante la indiferencia de las autoridades, decidieron iniciar un paro nacional amazónico el 9 de abril del 2009. El paro, que tuvo una duración de dos meses, fue iniciado de manera pacífica y fue radicalizándose en la medida que las autoridades no tomaban con seriedad sus reclamos.

Una comisión multipartidaria del Congreso encargada de analizar los decretos cuestionados concluyó que estos eran inconstitucionales. Pero, aún así, el Congreso no derogó los decretos y remitió a los nativos a discutir las citadas normas en una mesa de diálogo con el Ejecutivo. Anteriormente el Ejecutivo había señalado a los nativos que era el Congreso al que le competía derogar los decretos. Un día después que el Congreso se negara a derogar los decretos, se produjeron los trágicos sucesos de Bagua el 5 de junio de 2009.

Los resultados de esta intervención policial violenta y mal planificada, para desalojar a los indígenas que habían obstruido una carretera, fueron los siguientes: 34 muertos (24 policías y 10 nativos), 205 heridos (172 civiles y 33 policías). Cerca de 50 de los civiles heridos fueron por impactos de bala, según la Defensoría del Pueblo (Reporte del 16 de junio de 2009). Sin embargo, quedan muchas interrogantes sobre este desastroso operativo y el discurso oficial sobre el mismo comienza a resquebrajarse con diversos hechos que se van descubriendo, lo que ha dado lugar al reclamo de una Comisión de esclarecimiento independiente, que el propio Relator de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, Señor James Anaya, quien visitó el Perú, también ha recomendado. Los indígenas la denominan Comisión de la Verdad, pero ésta aún no se ha constituido. Esta es una importante tarea pendiente que es imprescindible poner en funcionamiento.

Esta tragedia trajo como consecuencia una grave crisis política y ha tenido profundas consecuencias de descrédito para la clase política y las instituciones fundamentales del Estado (Congreso. Ejecutivo y Poder Judicial) acarreando, además, 10 puntos de la caída en la aprobación de la gestión del Presidente García quien se encuentra en uno de los momentos más bajos de su gestión.

Aún así, el Congreso decidió –para no aparecer derrotados, según algunos comentaron después- una singular medida: suspender indefinidamente la vigencia de algunos de los decretos cuestionados. Esto provocó nuevamente la protesta de los nativos, motivo por el cual el Premier Simon, en reunión con los dirigentes de los pueblos amazónicos, tuvo que ofrecer la derogatoria de los decretos principalmente cuestionados, el 1090 (ley forestal y de fauna silvestre) y el 1064 (régimen jurídico para el aprovechamiento de las tierras de uso agrario). De esta manera, con el apoyo de la bancada oficialista y sus aliados, el Congreso retrocedió y derogó las leyes, y el gobierno dio un paso atrás en su actitud intransigente. El Presidente García ofreció un discurso conciliador y dijo que había que volver a tratar estos asuntos “desde cero”.

Se constituyó un espacio de diálogo, el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, compuesto por representantes del Ejecutivo, los Presidentes regionales de la Amazonía y representantes de los Pueblos Amazónicos. Sin embargo, se reclama la participación de la iglesia, organizaciones de la sociedad civil y especialistas en el tema.

El Grupo recién se está instalando y tiene previstas cuatro mesas de trabajo: 1. Sobre una Comisión de la Verdad para esclarecer los sucesos de Bagua; 2. Sobre los decretos legislativos cuestionados y alternativas (los nativos quieren acuerdos vinculantes); 3. Sobre el derecho a la consulta previa a los pueblos amazónicos; y 4. Sobre propuestas de desarrollo para la Amazonía.
Para su participación en el Grupo y en estas 4 mesas los dirigentes indígenas han expresado la necesidad de mayor capacitación para sus dirigentes, también de asesoría especializada para el debate jurídico, político y técnico para el desarrollo de propuestas de normas y políticas.

Sin embargo, días después de su postura conciliadora, García publicó un artículo “A la fe de las grandes mayorías” en donde dejó de lado esta postura y pasó a una postura ofensiva y confrontacional, señalando que todos los que no están con la política del gobierno son parte de las fuerzas “antisistema” y de una “conspiración internacional”. Esta actitud polarizante ciertamente no contribuye a la solución de los múltiples conflictos que enfrenta el país, especialmente el conflicto con los pueblos amazónicos.

En esta situación es indispensable reafirmar la necesidad del diálogo institucionalizado para canalizar por vías pacíficas y democráticas el conflicto y las legítimas demandas de los pueblos amazónicos.

Persecución de los dirigentes indígenas y la criminalización de la protesta social

También es altamente preocupante que, en el marco de la criminalización de la protesta social, en las últimas semanas se hayan abierto crecientemente procesos de investigación fiscal para denunciar penalmente a dirigentes nacionales, regionales y locales amazónicos por presuntos delitos (disturbios, bloqueo de vías de comunicación, sedición, entre otros) a raíz del paro nacional que realizaron los pueblos amazónicos. Los nativos consideran que se trata de una persecución política y que en estas condiciones es imposible un diálogo con el gobierno. De hecho 3 dirigentes nacionales indígenas se encuentran exiliados en Nicaragua.

Esto configura una situación muy delicada pues debe prestarse asistencia legal a muchos dirigentes indígenas que enfrentan diversas acusaciones. Los nativos consideran como la tarea prioritaria y más urgente la defensa legal de sus dirigentes. (Conversación de directivos de COMISEDH con la directiva de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, el día 23.07.09). La otra prioridad es la constitución de una comisión de la verdad sobre los sucesos de Bagua. Consideran que si no se avanza en estos aspectos el diálogo no será posible.

Sin embargo, a raíz del cambio de gabinete –consecuencia del conflicto amazónico- tanto el Premier saliente, Yehude Simon, como el entrante, Velásquez Quesquén, han ratificado que se cumplirá el compromiso de diálogo para encontrar soluciones a los problemas amazónicos.

A manera de conclusiones

El problema que se ha generado con los pueblos indígenas del Perú es que el gobierno ha dado ocho (8) decretos legislativos muy importantes que no han respetado el derecho a la consulta de estos pueblos reconocido por la Constitución y que afectan otros derechos conexos. Es imprescindible la derogatoria de los decretos que aún no han sido derogados, la reafirmación del derecho a la consulta de los pueblos amazónicos y la consulta efectiva sobre los asuntos que tratan estos decretos.

De otro lado, el conflicto suscitado por esta situación ha desembocado en los sangrientos sucesos de Bagua, que son necesarios de esclarecer, para lo cual se requiere la constitución de una comisión independiente de esclarecimiento.

El reclamo de los pueblos amazónicos consiguió que se derogaran tres (3) de los decretos y abrió un espacio de diálogo para tratar diversos problemas y encarar una política integral de desarrollo de la Amazonía.

Sin embargo, la persecución creciente de los líderes amazónicos quienes son acusados de diversos delitos -tres de ellos se encuentran actualmente en el exilio-, plantea acciones urgentes de defensa legal. Estas acciones redundarán en el diálogo pues éste no sería viable con decenas de dirigentes detenidos o perseguidos. Ya lo anunciaron los indígenas.

Es indispensable mantener el espacio de diálogo, tanto para tratar de manera pacífica y democrática los problemas, como para evitar el conflicto que tan altos costos ha tenido para el país.

De otro lado, el enorme desconocimiento, por parte del resto del país, de los pueblos amazónicos, sus culturas y problemas, sus visiones de desarrollo, dificulta la integración de estos pueblos, por lo que es indispensable una intensa campaña de comunicación intercultural.

Los pueblos indígenas amazónicos del Perú con su lucha han dado un gran paso en la búsqueda del reconocimiento ciudadano y, por lo tanto, la agenda que han planteado es el inicio de un largo y complejo proceso de inclusión que debe desembocar en el ejercicio pleno de sus derechos tanto como personas como colectividades.

Lima, Julio de 2009

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