viernes, 10 de septiembre de 2010

CIDH EXPRESA PREOCUPACIÓN POR DECRETO 1097 EN PERÚ


CIDH EXPRESA PREOCUPACIÓN POR DECRETO 1097 EN PERÚ



Washington, D.C., 9 de septiembre de 2010 - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la adopción en Perú del Decreto Legislativo No. 1097.



De acuerdo con la información recibida, el decreto, adoptado el 31 de agosto de 2010, regula la aplicación de normas procesales por delitos que implican violación de derechos humanos. El artículo 6 contempla la posibilidad de que el Poder Judicial dicte una "resolución de sobreseimiento parcial en favor de todos los encausados que hayan sufrido el exceso de plazo de la investigación". La información disponible sugiere que estas y otras disposiciones del Decreto Legislativo Nº 1097 podrían implicar serios obstaculos para la persecución de casos que involucran delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y graves violaciones a derechos humanos, algunos de los cuales han sido objeto de pronunciamientos por parte de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.



La Comisión Interamericana ha señalado reiteradamente que la falta de investigación y sanción en casos de graves violaciones a los derechos humanos es incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Perú es parte desde el 28 de julio de 1978. En el mismo sentido, en la sentencia dictada en 2001 sobre el caso Barrios Altos contra Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos expresó que "son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos". Por otra parte, la CIDH ha sostenido que la impunidad respecto de casos de delitos de lesa humanidad propicia la repetición de actividades contrarias a la democracia y a los derechos humanos.



En este sentido, preocupa a la CIDH la posibilidad de que en virtud de este decreto queden en la impunidad cientos de casos de violaciones graves a los derechos humanos ocurridos durante el conflicto armado que atravesó Perú en las décadas de 1980 y 1990. En especial, teniendo en cuenta que la sociedad civil y la Defensoría del Pueblo de Perú han planteado reiteradamente que el Poder Ejecutivo ha obstruido el avance de estos juicios. Entre otras cosas, han alegado que el Estado no ha asignado suficientes recursos a las Fiscalías para procesar estos casos, y que órganos vinculados al Poder Ejecutivo, en especial el Ministerio de Defensa, se han negado a entregar información, incluso en casos en que les fue requerida judicialmente.



Por lo anterior, la Comisión Interamericana insta a las autoridades de Perú a adoptar las medidas necesarias para que las violaciones a los derechos humanos no permanezcan en la impunidad, en particular, teniendo en cuenta las obligaciones del Estado a la luz de los tratados internacionales en la materia.



La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.







IACHR EXPRESSES CONCERN OVER DECREE 1097 IN PERU



Washington, D.C., September 9, 2010-The Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) expresses its concern over the adoption of Legislative Decree No. 1097 in Peru.



According to the information received, the decree, adopted on August 31, 2010, regulates the application of procedural laws for crimes involving human rights violations. Article 6 contemplates the possibility that the judiciary can issue a "partial dismissal decision to the benefit of anyone facing charges whose case has suffered an excessively long investigation."
The information available suggests that these and other provisions of Legislative Decree No. 1097 could imply serious obstacles to pursuing cases that involve crimes against humanity, war crimes, and serious human rights violations, some of which have been the subject of statements by the Commission and the Inter-American Court of Human Rights.



The Inter-American Commission has indicated repeatedly that the failure to investigate and punish cases involving serious human rights violations is incompatible with the American Convention on Human Rights, to which Peru has been a party since July 28, 1978. Along these same lines, in the judgment issued in 2001 in the Case of Barrios Altos v. Peru, the Inter-American Court of Human Rights stated that "all amnesty provisions, provisions on prescription and the establishment of measures designed to eliminate responsibility are inadmissible, because they are intended to prevent the investigation and punishment of those responsible for serious human rights violations." The IACHR has also held that impunity with respect to cases of crimes against humanity fosters the repetition of activities that are contrary to democracy and human rights.



In this regard, the IACHR is concerned about the possibility that this decree could lead to impunity in hundreds of cases involving serious human rights violations that occurred during the armed conflict that Peru experienced in the 1980s and 1990s-especially since civil society and Peru's Office of the Ombudsman have suggested repeatedly that the executive branch has kept these trials from moving forward. Among other things, they have alleged that the State has not assigned sufficient resources to public prosecutors' offices to prosecute these cases and that agencies connected to the executive branch, particularly the Ministry of Defense, have refused to turn over information, even in cases in which they were ordered to by the courts.



Given the foregoing, the Inter-American Commission urges the authorities of Peru to adopt the necessary measures so that human rights violations do not remain in impunity, particularly bearing in mind the State's obligations in light of international treaties governing this area.


A principal, autonomous body of the Organization of American States (OAS), the IACHR derives its mandate from the OAS Charter and the American Convention on Human Rights. The Inter-American Commission has a mandate to promote respect for human rights in the region and acts as a consultative body to the OAS in this matter. The Commission is composed of seven independent members who are elected in a personal capacity by the OAS General Assembly and who do not represent their countries of origin or residence.

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