viernes, 9 de marzo de 2012

DEPLORAMOS SENTENCIA QUE CONSAGRA IMPUNIDAD EN EL CASO “PARCCO- POMATAMBO”




Con respecto a la Resolución Nº 809-2011 sobre las ejecuciones extrajudiciales producidas en las localidades de Pomatambo y Parco Alto, emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia (SPP) el día 22 de noviembre de 2011, y recién notificada a la parte civil el día 6 de marzo de los corrientes, la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) señala lo siguiente:

1. Por medio de esta resolución, la SPP declaró no haber nulidad en la sentencia de la Sala Penal Nacional de fecha 22 de noviembre de 2010, que absolvió a los presuntos responsables de las ejecuciones extrajudiciales producidas en las localidades de Pomatambo y Parcco Alto, Ayacucho, los días 22 y 23 de octubre de 1986.
2. Como se recuerda, en las fechas y lugares señalados fueron asesinadas doce personas, incluyendo dos ancianos y dos menores de edad, en el marco de la operación “La Despedida-2” llevada a cabo por miembros del Ejército Peruano. No debe olvidarse que el caso “Parcco-Pomatambo” formó parte de las investigaciones realizadas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) que, en opinión de la misma, debían ser objeto de las denuncias penales correspondientes en virtud de la existencia de suficientes elementos probatorios.
3. Esta resolución supone un grave retroceso en la lucha contra la impunidad por las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante el Conflicto Armado Interno acaecido entre los años 1980 y 2000.
4. Efectivamente, la SPP presidida por el ex-presidente del Poder Judicial, Dr. Javier Villa Stein, yendo en contra de lo señalado por los principales Tribunales Internacionales de Justicia, señala: (i) que no es suficiente la presencia de pruebas indiciarias para demostrar la responsabilidad penal de los autores inmediatos y mediatos de graves violaciones de los derechos humanos realizadas, en el marco de un conflicto armado, por sujetos integrantes de organizaciones militares o para-militares; y (ii) que para probar la responsabilidad penal de un coautor, no basta con demostrar que éste participó junto con otros en la comisión de un delito sino que, además, es necesario demostrar que hubo entre ellos un acuerdo expreso de voluntades para llevar a cabo un ilícito penal de manera conjunta. Sin duda, la aplicación generalizada de estos criterios a los casos de graves violaciones de los derechos humanos acaecidas en el marco de un conflicto armado, supondría consagrar la impunidad en sede judicial de los responsables de los mismos desde que esos contextos, por la propia forma de actuación de las organizaciones militares o para-militares, están claramente marcados por la inexistencia de pruebas directas, tales como ordenes escritas u orales.
5. A nuestro juicio, con este pronunciamiento el Estado peruano, por medio del Poder Judicial, ha incumplido con su obligación de investigar, juzgar y sancionar las violaciones de los derechos humanos, tal como lo exige el artículo 1º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la reiterada jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
6. Dado que las expectativas de justicia de los familiares de las víctimas se han visto truncadas en sede interna, el caso “Pomatambo y Parcco Alto” será sometido a la consideración del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, tal como lo permite el artículo 205º de la Constitución de 1993. Confiamos que, en sede internacional, se les otorgue a los familiares de las víctimas la justicia que por más de 25 años el Estado peruano les ha venido denegando.





Lima, 8 de marzo de 2012
Comisión de Derechos Humanos
COMISEDH






Para mayor información contactarse con:
Dr. Hugo Rodríguez, Jefe del área legal
3305255 Anexo 112 / 990086990
Dr. Ernesto Aguinaga
3305255 Anexo 110 / 996216580


Hechos del caso “Parco-Pomatambo”:
En horas de la noche del 22 de octubre de 1986, dos patrullas del Ejército (“Bayer” y “Búfalo”), provenientes de la base militar de Vilcashuamán, incursionaron en la localidad de Pomatambo y detuvieron a Eusebio Najarro Alarcón, Teodoro Castillo García, José Fernández Bellido, Manuel Remón Zea, Timoteo Bautista Bellido, Jacinto Gutiérrez Gómez y Antonio Najarro Soto; autoridades locales que se encontraban reunidas preparando un campeonato deportivo. Los detenidos fueron conducidos por los militares a la localidad de Parcco Alto, donde incursionaron, aproximadamente a las 6 de la mañana del 23 de octubre del mismo año. En dicho lugar, los militares dieron muerte a los 7 detenidos de Pomatambo y también a Donato Ramírez Rivera, Hilda Buitrón Gutiérrez (ambos esposos de 86 años), Reynaldo Ramírez Buitrón, y a los menores Mario Ramírez Castillo (08) y Eugenia Ramírez Castillo (12). Pasado el mediodía hizo su arribo en un helicóptero el entonces Teniente Coronel EP Carlos Armando Bardales Angulo, jefe del puesto de comando de Cangallo, quien habría ordenado a los integrantes de las patrullas, que incineraran los cuerpos. Como éstos no fueron consumidos por el fuego, los restos humanos calcinados fueron llevados por dichos militares y arrojados en la quebrada denominada Mongas Punku con la finalidad de encubrir el delito. Días después, el entonces Juez Mixto de Cangallo recuperó algunos restos humanos.

No hay comentarios.: